El sector tambero argentino atraviesa una realidad marcada por la contradicción. A pesar de haber generado el mayor aumento mundial de producción durante 2025, las entidades gremiales advierten sobre un escenario de alerta que pone en riesgo la continuidad de los establecimientos.
Según un informe de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) y Carsfe, el dinamismo impulsado por la eficiencia tecnológica y un clima favorable se ve opacado por una carga tributaria que llega a representar el 42 % de las ventas.
A inicios de 2026, la situación se define como mixta. Por un lado, existe un crecimiento productivo sostenido y proyecciones de alza para el año gracias a la inversión y el financiamiento especial. Sin embargo, la rentabilidad está bajo presión: a medida que la inflación desaparece gradualmente, los costos operativos y la presión fiscal amenazan la sustentabilidad del negocio.
Las entidades del sector denuncian que un empresario tambero debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal.
El complejo entramado impositivo es señalado como un “cóctel que invita al abandono” de la actividad.
Dentro de los gravámenes que más afectan al sector se encuentran:
—Impuesto a las Ganancias: con una escala progresiva que llega al 35 % para rentas superiores a los $ 347 millones.
—IVA: posee una alícuota general del 21 %. Los productores solicitan su reducción para favorecer el consumo de lácteos.
—Impuesto al Cheque y Combustibles: se pide la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios por su superposición, así como de los tributos a los combustibles para mejorar la competitividad.
—Tecnología y Cargas Sociales: el sector reclama eliminar impuestos internos a la tecnología para facilitar la innovación y modernizar el sistema de cargas sociales.
A nivel provincial, el mayor impacto proviene de los Ingresos Brutos (IIBB), con alícuotas de hasta el 5 %, el Impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural. Asimismo, critican las tasas municipales, que suelen cobrarse sin que se presten los servicios correspondientes.
Para evitar que continúe el cierre de tambos, Meprolsafe y Carsfe consideran indispensable una reforma tributaria profunda que invite a la inversión y a la formalidad. Los desafíos para el resto de 2026 se centran en:
—Mantener la rentabilidad frente a la escalada de costos.
—Mejorar la competitividad para el mercado interno y la exportación.
—Asegurar políticas de alivio fiscal que permitan sostener el dinamismo productivo alcanzado.
En conclusión, aunque el tambo argentino ha demostrado una capacidad de producción líder a nivel internacional, su futuro depende de corregir una estructura impositiva que, hoy, actúa como un freno a la sustentabilidad del sector.
Fuente: Prensa CRA
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