Buryaile: “Vamos hacia una Junta Nacional de Granos” (por la intervención de Vicentin)

   “Me preocupa la visión que tiene el presidente (cuando dijo) de que el problema de la Argentina es que no tiene una empresa privada capaz de generar competitividad en el mercado alimenticio internacional”.

   Lo dijo Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria de la Nación (2015/2017), tras el anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la intervención estatal de la firma Vicentin. A tal efecto, decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para avanzar con la expropiación de la compañía.

   “Porque detrás del concepto de soberanía alimentaria se está diciendo que, ahora, el Estado será empresario para darle transparencia al mercado de granos. Pero el mercado de granos, excepto el caso del girasol, es uno de los más transparentes del mundo, donde se sabe a qué precio se compra y a qué precio se vende”, agregó.

   “Me da la impresión de que estamos creando un monstruo de aporte estatal que va a intervenir muy fuerte en el sector alimenticio”, comentó el exministro de los dos primeros años de la gestión de Mauricio Macri.

   “¿Si esto puede incidir en el precio de las oleaginosas? Es un precio testigo, y puede incidir. Hay que tener en cuenta que YPF está muy involucrado en el sector productivo en la Argentina”, comentó.

   En el anuncio, el presidente Fernández buscó llevar tranquilidad a los trabajadores de la empresa y a los productores que dependen de la compañía agrícola para continuar con sus puestos de empleo y para seguir vendiendo, en forma respectiva.

   Así, el Gobierno presentó un plan de rescate para la empresa Vicentin que, en este febrero, concretó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. Su deuda es de 1.350 millones de dólares, de los cuales unos U$S 1.000 millones serían a préstamos de los bancos y a otras empresas del sector agrícola.

   El Banco de la Nación es uno de los principales acreedores. Con el cambio de gestión, las nuevas autoridades de la entidad oficial iniciaron un sumario administrativo. Fue luego de que detectar, aparentemente, durante la gestión de Cambiemos se le habían otorgado préstamos a Vicentin por unos 18.700 millones de pesos.

    “Cuando intervino, el Estado nunca fue transparente en sus operatorias. Porque le agrega burocracia, costos y tiene que salvar esos mismos costos, lo que provocará tirar (sic) los precios para abajo”, comentó.

Buryaile recordó que la Junta Nacional de Granos se creó en 1930 y que Domingo Cavallo la cerró en 1990, “durante el peronismo”.

   “El Estado (ahora) tiene el sueño. Por eso creo que esto puede ser una Junta Nacional de Granos. Es mi interpretación; que la intención es hacerla funcionar (a Vicentin) como una JNG. El presidente lo dijo: ‘Se necesita una empresa importante testigo en la Argentina!”.

   Buryaile comentó, en TN, que esta situación no le agrada.

   “Ya sé que van a contestar que hay 2.600 productores que ahora van a cobrar y unos 3.000 empleados que van a tener trabajo. Y eso es bueno, pero tengo la obligación de decir lo que va a hacer el Estado cuando actúa en el rol de interventor de un mercado que no necesita intervención”, aseguró.

"Estas fiestas las pagamos entre todos"

   Por otra parte, Luis Miguel Etchevehere, quien estuvo a cargo del área agropecuaria desde 2017 a 2019, dijo que “las aventuras empresariales como estas siempre terminaron mal, así como se originan fuentes de corrupción y la fiesta la terminamos pagando todos los argentinos”.

   “Esta es una mala noticia. No es función del Estado intervenir o expropiar empresas, por las circunstancias que sean”, agregó.

   Etchevehere sostuvo, también, que esto se hará con la plata de los argentinos, “con la necesidad que se tiene de divisas y de fondos”, al tiempo que dijo que “la empresa (por Vicentin) está en concurso y esas son las reglas del juego. Se debería haber seguido este proceso, porque incluso había empresas interesadas en comprar estos activos y, de esta manera, pagar a los acreedores”.

   Tildó de disparate cuando se aludió a la “soberanía alimentaria”, porque eso “no significa que las empresas alimentarias deben estar en manos del Estado”.