En un enérgico comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha expresado su preocupación frente al proyecto de ley que busca incorporar el delito de ecocidio al Código Penal de la Nación. La iniciativa, que ya obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, se encamina a ser tratada en el recinto en la próxima sesión legislativa.
Desde la entidad agropecuaria señalaron que, si bien la protección ambiental es un objetivo prioritario y un compromiso de toda la sociedad, no puede ser utilizada como justificativo para sancionar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por CRA es la falsedad de que exista un vacío legislativo en la materia. La entidad recordó que la Argentina ya dispone de un marco normativo amplio y consolidado. Entre las herramientas vigentes se destacan:
—La ley general del ambiente.
—La ley de residuos peligrosos.
—Numerosas legislaciones provinciales que regulan la prevención, reparación y sanción de los daños ambientales.
Para CRA, el verdadero desafío no reside en la creación de nuevos tipos penales con definiciones ambiguas, sino en garantizar el cumplimiento efectivo y riguroso de las leyes que ya rigen en el territorio nacional.
La crítica técnica de la Confederación apunta al corazón de la redacción del proyecto. Sostienen que la iniciativa incorpora términos de extrema vaguedad como:
—Daño ambiental irreversible.
—Equidad intergeneracional.
—Afectación multiecosistémica.
Al carecer de parámetros objetivos que determinen con exactitud qué conductas constituyen un delito, la indeterminación viola de forma directa el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Se entiende que esta falta de precisión debilita la previsibilidad y la garantía de defensa de los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado.
Asimismo, CRA advirtió sobre el peligro de configurar lo que en derecho se conoce como una ley penal en blanco. Al delegar la definición del delito en regulaciones nacionales, provinciales o municipales, una misma actividad podría ser catalogada como delito en una jurisdicción y ser completamente lícita en otra vecina, rompiendo la uniformidad del derecho penal y el principio de igualdad ante la ley.
La preocupación del sector no se limita a las consecuencias legales abstractas, sino a su impacto directo en la economía real. CRA alertó que la severidad y amplitud de las penas previstas ponen bajo amenaza a productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos. Todos ellos podrían quedar expuestos a procesos penales por decisiones operativas adoptadas dentro de actividades lícitas y altamente reguladas.
La amenaza de sanciones desproporcionadas, advierten, podría:
—Paralizar inversiones clave para el desarrollo.
—Desalentar la producción en las economías regionales.
—Promover una judicialización permanente de la actividad económica del país.
La entidad remarcó que el sector agropecuario argentino trabaja activamente bajo normativas ambientales en todos los niveles del Estado, superando controles específicos e invirtiendo constantemente para perfeccionar sus prácticas productivas. Por ello, consideran inaceptable que se coloque bajo sospecha al productor mediante una norma penal que no diferencia entre una conducta deliberadamente dañosa y el legítimo desarrollo de una actividad productiva autorizada.
Desde CRA aclararon que los perjuicios de esta legislación no se restringen únicamente al ámbito agropecuario. Por su diseño indefinido, el alcance de la ley de ecocidio podría extenderse a sectores estratégicos como:
—La industria.
—La minería.
—La energía.
—La infraestructura y el transporte.
—Cualquier otra actividad económica que requiera el uso de recursos naturales o intervenga en el territorio.
Se aseguró que esta amplitud conceptual abre un peligroso canal para interpretaciones arbitrarias, denuncias infundadas y fallos judiciales contradictorios.
Para CRA, la verdadera protección del medio ambiente exige políticas públicas serias, controles efectivos, planificación integral, educación y un fuerte fomento a la inversión y el cumplimiento de las leyes preexistentes
“El cuidado ambiental no se fortalece aumentando discrecionalmente el poder punitivo del Estado ni creando figuras delictivas imprecisas”.
En este marco, CRA hizo una solicitud formal a los legisladores nacionales para que analicen el proyecto con responsabilidad institucional, rigurosidad técnica y pleno respeto por los mandatos constitucionales. Insisten en que la preservación de los ecosistemas debe ser perfectamente compatible con la seguridad jurídica, el federalismo, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y el desarrollo económico sustentable.
Finalmente, la entidad gremial exigió una revisión integral de la propuesta, instando a que no se avance en el tratamiento legislativo hasta que se garantice que cualquier reforma del Código Penal respete estrictamente los principios fundamentales de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley.
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