“La Legislatura pampeana aprobé la Ley de Plaguicidas con lo cual nos tirará un tiro en el pie a todos los pampeanos. La implementación significará que nada menos que 200.000 hectáreas de nuestras mejores tierras (equivalente a la superficie de todo el departamento de Quemú Quemú) queden probablemente improductivas.
De esta forma, el gobierno pampeano está dispuesto a dejar de percibir los jugosos impuestos que recibe de esa superficie. Pero no será el gobierno el principal afectado, sino los ciudadanos pampeanos, ya que los pueblos y ciudades de nuestra provincia se verán rodeados de cientos de hectáreas que se convertirán en yuyales y pastizales con los consecuentes incendios y proliferación de alimaflas.
Toda esta situación se inició en un insólito proyecto emanado del Poder Ejecutivo, que fue un simple corta y pega de los dichos de los más furiosos grupos autoproclamados “ambientalistas”. De esta forma, el Poder Ejecutivo despreció el largo y valioso trabajo realizado por la COPROSAVE (Comisión Provincial de Sanidad Vegetal), integrada por todos los organismos técnicos estatales y privados de la provincia. Más que un proyecto de ley, fue un panfleto ideológico.
La Legislatura aduce haber escuchado a todos los sectores e introducido modificaciones.
La realidad es que la Legislatura ha utilizado la estrategia Manzur: “Dejálos que hablen y después hacemos lo que nosotros queremos”.
Los cambios introducidos son pura cosmética que no ataca las serias consecuencias que traerá la ley. Por otro lado la Legislatura ha puesto en pie de igualdad la opinión de los organismos técnicos con la de cualquiera que quisiera opinar sin fundamento.
Hay que reconocer que estos grupos de falsos “ambientalistas” han tenido éxito en sembrar en la sociedad la mentira de produccién vs. salud. Sin fundamentos, sin estadísticas, sin ninguna base, han apelado a la mentira, siempre más exitosa ante nuestra opinión pública.
Ultimamente han desnaturalizado un nuevo término, como es la “agroecología”, como solución a todos los problemas ambientales. Nuestros legisladores parecen muy dispuestos al facilismo populista de convalidar todo eso, sin medir las consecuencias económicas y sociales para nuestra provincia.
Desde el año 1989, el gobierno provincial contó con una excelente y pionera herramienta (Ley 1.173) para poner orden en el tema de los agroquímicos. Nunca estuvo dispuesto a destinar los recursos y el personal necesario para que esa ley se cumpla a rajatabla. Podemos concluir que esta nueva ley no afectará a aquellos que han hecho y siguen haciendo las cosas mal, pues seguirá sin estar en el radar de un Estado que prohíbe, pero no controla.
El tiempo demostrará que toda esta locura no es sustentable, ni ambientalmente ni económicamente. Y entonces tendremos el peso de una ley ridícula que ya habrá producido serios daños a la economía provincial.
Fuente: Carbap
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