La ley Gestión Integral de Plaguicidas, aprobada por la Legislatura Provincial de La Pampa, impide la aplicación terrestre a 500 metros de áreas urbanas y cursos de agua, y aplicaciones aéreas a 3.000 metros; además de algunas inconsistencias, como la necesidad de aprobación municipal para decisiones agronómicas dentro del radio de 2.500 metros a partir del límite de 500 metros impuesto.
Sin haber escuchado a la Coprosave (Comision Provincial de Sanidad Vegetal), creada con representantes del sector académico, la producción, INTA y SENASA por el anterior mandatario provincial Carlos Verna, con el fin de elaborar un documento para actualizar la Ley de Agroquímicos pampeana, los legisladores oficialistas optaron por no tener en cuenta ese documento (elaborado y consensuado durante tres años), y aprobar sin modificaciones el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial.
Sin fundamentos claros, ni criterios aplicados para determinar dichas distancias, y desconociendo las tecnologías disponibles en la actualidad para impedir pulverizaciones con condiciones climáticas adversas, desde la subsecretaría de Ambiente de La Pampa han propuesto que la Provincia se pegue un tiro en el pie, al quitar de producción el 10 % del área agrícola de la provincia y comprometer, y condicionar, a autorizaciones municipales un 40 % de la misma.
La imposibilidad de controlar a quienes hacen mal las cosas ha llevado al Estado provincial a prohibir por prohibir, sin considerar las consecuencias productivas, económicas y sociales que tendrá.
Desde Carbap entendemos que La Pampa necesita de una ley que, sin desalentar ni disminuir la producción, prevenga y cuide la salud humana y ambiental.
La Pampa necesita de una ley que no atrase, y haga uso de las tecnologías disponibles para eliminar cualquier riesgo posible.
Fuente: Carbap
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