Una imagen inédita para un sitio icónico de Madrid: la Puerta de Alcalá. / Fotos: La Gaceta de Salamanca / El Independiente / Cadena SER
Con movilizaciones previstas durante el corriente mes de febrero en distintos puntos de España, los agricultores y ganaderos protestan por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea, del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.
Bajo el lema Sin agricultura y sin ganadería, tu mesa está vacía, las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, argumentan que la situación es límite, por lo que exigen una acción urgente y coordinada por parte de las administraciones.
Algunos de los motivos por los que el sector se está movilizando son:
—La falta de precios justos por sus productos para alcanzar una mínima rentabilidad.
—La subida de los costos de producción.
—La excesiva burocracia y las rígidas condiciones de las normas agrarias.
—Los recortes en las ayudas o las barreras comerciales.
Se buscan soluciones inmediatas para aligerar la burocracia europea y mejorar las condiciones en un contexto de precios elevados por la guerra de Ucrania y la sequía.
Tal como recogen las organizaciones agrarias, las movilizaciones se están llevando a cabo para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de Unión Europea, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas.
Precios, costos de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC o cuestiones laborales y de Seguridad Social son algunos de los temas que están encima de la mesa.
El sector esgrime la competencia desleal de terceros países, especialmente de Marruecos y países asiáticos. “Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España”, sostienen.
Como explican desde Actualidad Económica, los agricultores reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como del Mercosur (alianza económica de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay); la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
En este sentido, exigen que todas las importaciones tengan los mismos reglamentos y cumplimientos de normativas fitosanitarias y de bienestar animal y que se establezcan aranceles a la entrada de productos extracomunitarios.
Además, instan al Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, a aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio.
“Consideramos que es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, dicen.
Otro de los objetivos de las protestas es lograr la flexibilización y simplificación de la actual PAC (Política Agrícola Común, una de las políticas más importantes y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea), evitando los excesivos costos para agricultores y ganaderos que, además, dificultan cumplir los objetivos en materia medioambiental.
También piden cambios en el Pacto Verde y en otras normativas europeas sobre pasto o rotaciones de cultivos. Por ahora, la Comisión Europea ha propuesto flexibilizar la obligación de dejar el 4 % de las tierras en barbecho para recibir las ayudas de la PAC.
Asimismo, piden la creación de un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE.
Al mismo tiempo, confían en que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) aumente las sanciones y las inspecciones y que se publique los índices de precios y costes.
Reclaman que los seguros agrarios dispongan de un presupuesto reforzado que puedan cubrir los daños de catástrofes derivadas del cambio climático, como la sequía, y otros fenómenos meteorológicos adversos. Asimismo, buscan un acuerdo para una política de gestión del agua, tomando las medidas pertinentes que favorezcan a España anteponiendo pactos con otros países.
También reivindican la modificación y ampliación de la ley de la cadena alimentaria para prohibir las prácticas desleales, a fin de que los precios de los agricultores cubran los costos de producción y para que no sean obligados a vender a pérdidas.
Fuente: emundo.es