Ante el recrudecimiento de los episodios de destrucción de silobolsas y la pasividad del Gobierno nacional, la Sociedad Rural de Jesus María difundió un comunicado de airada protesta y reclamo, en cuyo párrafo central, plantea: “Señor ministro: el Estado tiene una obligación indelegable que es la seguridad pública. Sin embargo, no vemos un repudio generalizado ni una voluntad explícita de atender nuestro reclamo. ¿Qué está esperando? ¿Qué nos defendamos a balazos como los jubilados? Pues no creemos que ese sea el camino”.
La entidad emitió su pronunciamiento a raíz de que “se confirmaron nuevos casos de vandalismo rural. Esta vez, los afectados fueron la cerealera Cargill, que sufrió la rotura de 20 silobolsas (la mayoría con maíz) y un productor de la provincia de Buenos Aires, que perdió 200 toneladas de sorgo para alimentación de hacienda. Así, el total nacional de silobolsas rotos asciende a 129 en lo que va del año”.
La SRJM recuerda que “en medio de esta ola de inseguridad rural, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, habló de problemas entre privados y de que no hay evidencias de intencionalidad política. Los conflictos son entre particulares, entre un productor y empleados y hasta con transportistas”, adujo.
Agrega el comunicado que “desde SRJM repudiamos sus desacertadas declaraciones. Los dichos del señor ministro no hacen más que acrecentar nuestra desconfianza e incertidumbre. Cualquiera sea el origen de los ilícitos, constituyen un delito. Por ende, el Estado tiene la responsabilidad de prevenirlos y sancionar a los delincuentes”.
“Un delito no es más o menos importante porque tenga un tinte ideológico. Todo acto delictivo debe investigarse y esclarecerse. Si hay intencionalidad política o no, es un tema secundario. No hay que minimizar el asunto”, sostiene la SRJM.
Fuente: agroverdad.com.ar