Los caminos que hay que desandar y las formas republicanas

   Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa vemos con mucha preocupación el accionar del Gobierno nacional frente a la situación que está atravesando la empresa Vicentin, la cual está tramitando un concurso preventivo de acreedores por no poder afrontar sus acreencias.

   Alarma el accionar del Gobierno nacional al anunciar la intervención vía Decreto de Necesidad y Urgencia, así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley que se enviara al Congreso Nacional.

   Triviales argumentos rodean la errónea intención de un Gobierno que pareciera no entender la fragilidad económica en la que estamos inmersos todos los argentinos, en medio de una negociación internacional de deuda que nos pone al borde del default y con una crisis productiva sin precedentes producto de la pandemia, perdiendo el foco de las imperiosas necesidades de educación, justicia, salud y orden económico que el pueblo argentino reclama, más allá de la gran preocupación que genera el avance de un Estado casi quebrado sobre la propiedad privada.

   Si tal como se anunció en la conferencia de prensa preocupa la soberanía alimentaria, desde el Estado deberían entender que toda intervención que realizan lejos de favorecer la producción de alimentos atenta contra los niveles productivos y desalienta a quienes deben tomar decisiones a diario para invertir, contratar mano de obra y producir alimentos.

   Si la preocupación es poder recobrar el dinero prestado por nuestra banca estatal, así como poder resarcir a los productores damnificados, habría que articular los mecanismos legales junto con el juez a cargo del concurso de acreedores, quien es el encargado de garantizar los derechos tanto de los acreedores como de los deudores de la empresa.

   Las dificultades de la empresa Vicentin son producto de los errores y la impericia de sus accionistas y dueños, y su pasivo con esta medida será trasladada al conjunto de argentinos. Además, ¿quien garantiza que una vez que el Estado haya tomado el control de la misma, se realice una administración eficiente y austera? La experiencia indica que se transformará en un refugio de militantes, moneda de cambio para el pago de favores políticos y una permanente carga para todos los argentinos.

Planta de Renova, del Grupo Vicentin, en Timbúes, provincia de Santa Fe.

   ¿Se actuará del mismo modo con la gran cantidad de pymes que han tenido que cerrar debido ya no a desmanejos, sino como consecuencia de la pandemia?

   Con estas decisiones, claramente el Gobierno nacional es quien está poniendo en jaque la llamada “soberanía alimentaria”.

¿Empresas endeudadas en concurso? ¿empresas nacionalizadas?

   Desde la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) hemos asistido en el día de ayer al anuncio del Sr. Presidente del decreto de intervención de la empresa Vicentin y el próximo envío del proyecto de expropiación de dicha empresa, como resulta casi habitual, estos anuncios cargados de efusividades políticas, dejan muy poca información real, por ejemplo: ¿El Estado Nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, por cuándo, cómo y por qué monto?

   ¿Nacionalizará el Estado una deuda totalmente privada?

El concurso tiene un juez y un ámbito; este sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial, ¿es el que viviremos a futuro?

   ¿Empresas endeudadas en concurso, empresas nacionalizadas?

   ¿Cuál es el resguardo institucional que tenemos los argentinos frente a decisiones políticas del Gobierno nacional?

   ¿Quién responde a estas preguntas? ¿El Sr. Presidente, el ministro Matías Kulfas o la senadora cuyas ideas fueron derrotadas electoralmente en Mendoza y ahora luce como protagonista de esta medida?

   Las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes.

   La expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación, porque vemos que hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos.

   Cuando el Estado ha administrado en el sector privado no ha sido eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta.

   Solo después de restaurar la institucionalidad se podrá discutir la política comercial de los granos.

Fuentes: Prensa Carbap y CRA