“Es un paso fundamental para poner a la Argentina de pie”

   “Apuntamos a la participación del Estado en la producción y comercialización agroindustrial, tanto del comercio interior como exterior. Es un paso fundamental para comenzar a poner a la Argentina de pie (…) y terminar con las inequidades en nuestro suelo conquistando soberanía alimentaria”.

   La visión de La Cámpora explica la intervención a Vicentin decretada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que, según se anunció, terminará en un proyecto de apropiación a debatirse en Diputados y en Senadores. Tras la reunión del propio mandatario con los dueños de la empresa, este jueves, la pregunta quedó en el aire: ¿habrá un proyecto superador a la expropiación?  

   “Hoy es Vicentin; mañana será Sancor, por la leche, y así se irán copando todas las industrias hasta llegar a ser Venezuela, donde ya sabemos qué sucede. Esta es una decisión ideológica y se advierte la mano de Cristina (Fernández de Kirchner) detrás”, dijo Marcos Rebolini, productor rural y dirigente rural de Coronel Suárez, a poco de conocerse el anuncio que, casualmente, incluye a otro suarense, (Roberto) Gabriel Delgado, en el rol de interventor de la firma casi centenaria de los Nardelli y los Padoán.

   Tras las manifestaciones en contra de la decisión del Gobierno nacional, que el presidente asumió como propia, Rebolini dijo: “La gente salió en defensa de la propiedad privada y de sus derechos. Hasta al propio presidente (por Fernández) le surgieron dudas sobre cómo se debe seguir. La intervención está, pero la discusión en las Cámaras se dará en otros términos. No es tan sencillo salir a expropiar en la Argentina, con toda la historia que hay detrás y con todas las manchas que dejan”.

   Para Jorge Mario Grimberg, dirigente gremial de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca (AGA), “nada justifica intervenir en pos de la soberanía alimentaria. El presidente (por Fernández) dice que los productores están contentos con la medida, pero cuando hay una intervención en los mercados los productores no pueden estarlo”.

   También comentó que “si esta va a ser la fórmula con el resto de las empresas para cuando termine la pandemia, creo que estamos equivocados”.

"Absolutamente atinada"

   Claudio Lozano, el economista que es director del Banco Nación, entidad a la cual Vicentin le debe unos 300 millones de dólares, explicó que la empresa “estafó a los productores” y que la decisión de intervenir es “absolutamente atinada, más allá de las irregularidades en la asignación del crédito y el fraude y estafa que se realizó sobre la banca pública. Los dueños ya no pueden volver; han perdido reputación”.

   Esta movida recuerda a la denominada Resolución 125. Sucedió en marzo de 2008, a sólo tres meses de la asunción en la primera presidencia de Cristina Fernández, y se dio en el contexto de un incremento en retenciones que podía llegar al 44 % en el caso de la soja. Entonces, el sector agropecuario salió a las calles y se inició una (indisimulada) conflictividad del kirchnerismo con el sector. Tal como muchos preveían, y pocos negaban, ya ha comenzado a dar coletazos.

   Manifestaciones semejantes a aquellas de 2008 parecieron sucederse en estos días, particularmente en Avellaneda y en Reconquista, las dos sedes afectivas de Vicentin. Llamó la atención, esta vez, una mayor participación de actores no vinculados en forma directa con el sector.

   Desde las cadenas agroindustriales dijeron que “cuando la intervención estatal toma el rol empresario genera incertidumbre y preocupación pues, además de innecesario, implica el riesgo de distorsionar los precios de equilibrio”.

   Confederaciones Rurales Argentinas fue más directa: “Cuando el Estado ha administrado en el sector privado no ha sido eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta. Solo después de restaurar la institucionalidad se podrá discutir la política comercial de los granos”.

"En pos de un modelo exitoso"

   En la vereda de enfrente --y guardando distancia-- Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, explicó: “Es importante tener la posibilidad que brinda un Vicentin activo, con un compromiso de parte del Estado nacional de involucrarse a través de un modelo exitoso, como lo es YPF Agro, en el comercio internacional".

   “Que sostengamos a Vicentin, con la impronta de expandir la producción agropecuaria, apuntala la expectativa de crecimiento en la Argentina y, de paso, resuelve el problema de muchos pequeños y medianos productores que quedaron ‘clavados' literalmente, porque la empresa no ha pagado lo que recibió como grano, con valores a fijar, y generadó una deuda muy importante que disparó la convocatoria de acreedores”, sostuvo el chaqueño, en diálogo con Canal 3 de Formosa.

   Según el economista Roberto Lavagna, quien es productor ganadero (suele visitar durante octubre la Rural de Bordeu) y dialoga con el presidente Fernández, dijo que hace algunos años se aludió a soberanía energética “y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente estancamiento económico-social. Ayer (por este lunes) se habló de soberanía alimentaria. Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien”.

   El exministro de Agroindustria (2015/2017) de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, sostuvo: “El Estado (ahora) tiene un sueño y por eso creo que esto puede ser una Junta Nacional de Granos. Es mi interpretación; que la intención es hacerla funcionar (a Vicentin) como una JNG. El presidente ya lo dijo: ‘Se necesita una empresa importante testigo en la Argentina”.

   También el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la entidad que representa al 92 % de las exportaciones de carnes bovinas del país, se mostró en desacuerdo con la decisión de intervenir Vicentin, al tiempo que expresó su más ferviente deseo “de encontrar un marco de diálogo y concordancia que promueva a las partes a buscar una salida conjunta, que permita superar la situación actual generando confianza y fortaleza a toda la cadena agroindustrial”.

Hechos y cifras

—En febrero de este año Vicentin solicitó la apertura del concurso preventivo de acreedores.

—La deuda total aproximada es de 1.350 millones de dólares. De ese monto, unos U$S 1.000 millones corresponderían a préstamos de bancos (el Banco Nación es el principal, con alrededor de U$S 300 M)) y el resto a empresas del sector agrícola. Existe una causa penal, a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita en la cual se investiga si el BN autorizó acumular una deuda de 18.500 millones de pesos sorteando normativas de la propia entidad.

—Lo adeudado con la AFIP es de 1.500 millones de pesos.

—Hay alrededor de 2.600 productores afectados por los pagos no realizados. Es cerca del 25 % del total adeudado y se carga en compras de granos que no se pagaron oportunamente.

—El total de empleados de Vicentin es de alrededor de 6.000.

Fuente: Diario La Nueva., de Bahía Blanca