Las hectáreas sembradas de granos se reducen cada campaña y tienen mucha influencia, en que esto suceda, los impuestos que reducen la rentabilidad para los productores. A eso se podría sumar, ahora, la incidencia del impuesto a la riqueza inesperada, que pretende gravar las consecuencias de la suba de precios internacionales por la guerra.
“El productor agropecuario podría verse afectado injustamente por este nuevo impuesto, que pretende justificarse por el incremento de precios motivado en la guerra que supuestamente beneficiaría sin esfuerzo alguno, a los productores de materias primas, energía y alimentos”, sostuvo Santiago Sáenz Valiente, socio fundador de SSV y Asoc.
“Las inequidades, falta de seguridad jurídica, la carga fiscal enorme, las trabas para la exportación y la falta de insumos, entre otros, hacen imposible pretender un crecimiento de inversiones que se traduzca en mayor producción agropecuaria”, advirtió Sáenz Valiente.
El economista Francisco Rolotti, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, comentó a iProfesional que la superficie sembrada de trigo se redujo 17 % respecto al año pasado. En una encuesta, 41 % de los productores lo adjudicó a los malos pronósticos hídricos y 22 % a problemas climáticos, pero 35 % sembró menos por la baja de rentabilidad. Y esta ecuación lo que más pesa son impuestos.
“Las retenciones al trigo están en 12 % y se habló de subirlas a 23 %, a lo que se suma ahora el impuesto a las riquezas inesperadas; el productor no mira sólo los precios a la hora de sembrar, sino cuáles van a ser sus costos”, apuntó Rolotti.
“Argentina es hoy no confiable como proveedor, y los vecinos sin derecho de exportación (retenciones), con una estructura impositiva que contempla una determinación acorde a la realidad económica, sin superposiciones y con menos tributos, han logrado quitarnos el puesto privilegiado que teníamos en el mundo como exportadores”, afirmó Sáenz Valiente.
“Las rentas del campo no son extraordinarias, sino cíclicas, y se compensan entre diferentes períodos con situaciones alternadas de pérdidas, ganancias y pérdidas, que la ley solo permite entre 5 ejercicios fiscales e, inclusive, se encuentra en discusión desde cuándo actualizar los quebrantos”, explicó Sáenz Valiente.
“En el Impuesto a las Ganancias, la existencia de granos al cierre de cada ejercicio debe ser valorizada a la cotización de cierre en el mercado transparente y, por tal motivo, se tributa un impuesto sobre la tenencia y no sobre operaciones efectivamente concretadas por el contribuyente”, indicó.
“Esto obliga a adelantar impuesto y a perjudicar absolutamente al contribuyente”, remarcó.
“El adicional de 15 % previsto por el impuesto a la riqueza inesperada que se aplicaría cuando se incremente la ganancia en más de 10% entre los períodos comparados, puede en los hechos resultar confiscatorio y, por lo tanto, afectar el derecho de propiedad; llevaría entonces a una acción judicial por parte de los afectados”, consideró.
“Los productores necesitan permanencia de normas para animarse a sembrar, cosechar y comercializar sus productos de la tierra. La inestabilidad permanente ahuyenta las inversiones. Las versiones de cambios tributarios también”, subrayó Sáenz Valiente.
“La carga impositiva más relevante, que pulveriza injustamente la renta del productor, está dada por los derechos de exportación con los siguientes porcentuales”, enumeró Sáenz Valiente:
—Soja 33 %
—Maíz 12 %
—Trigo 12 %
—Sorgo 12 %
—Carne Bovina 9 %
—Porcina 5 %
—Avícola 9 %
“El Gobierno informó recientemente que pretendía girar al Congreso un proyecto para su aumento, y esto afecta a la producción agropecuaria del país», afirmó.
“Las retenciones tienen una fuerza demoledora que ataca a la inversión y el empleo que, en el agro, es con efectos derrame por su cadena de actividades e industrialización de bienes indispensables como los servicios, las maquinarias e insumos vinculados”, precisó Sáenz Valiente, y puntualizó como sigue los principales aspectos que destrozan la producción:
Toda carga fiscal debe surgir de una norma legal sancionada por el Congreso. Están prohibidos los decretos en materia impositiva aun con delegación expresa al Poder Ejecutivo.
Las causas judiciales están demostrando que el Gobierno cobra retenciones de manera ilegal.
Las retenciones se aplican a los productos agropecuarios de todas las provincias, pero su producido incrementa las arcas del Gobierno nacional.
Las provincias ven mermado la distribución de ingresos que les llega, al tiempo que se reduce la base del impuesto a las ganancias y del IVA, principales impuestos coparticipables.
Exigir cualquier gravamen en forma directa sobre el precio de un bien, con independencia de la capacidad de contribuir, resulta contrario a la base de la proporcionalidad que manda la Constitución nacional.
Los rindes de los obligados son diferentes, las técnicas de producción pueden generar mayor o menor costo, la distancia a los puertos influye sensiblemente, los restantes gastos son dispares, en la suma su rentabilidad es distinta. Y las situaciones de emergencia con cosechas magras, marcan la inequidad de manera absoluta.
¿Cuál es el perjuicio del productor frente a sus vecinos?
En Uruguay, Paraguay, Brasil, los ingresos que obtiene quien produce le implica recibir divisas efectivas (billetes) y, además, sin la amputación de estas retenciones. Su rentabilidad es diametralmente distinta, y por eso las inversiones huyen de la Argentina.
La liquidación al productor se concreta con el dólar oficial, habiendo una brecha inaceptable superior al 80 % con el dólar billete.
El exportador le resta el derecho de exportación.
Luego vienen los gastos de producción, comerciales y de administración.
Así se llega a una «ganancia» distorsionada, a lo que se agrega el incremento de cotización de sus existencias.
El Impuesto a las Ganancias con un 35%, los ingresos brutos, pagos a cuenta y adelantos de todo tipo.
Costos fiscales por efectos tremendos de saldos a favor del IVA, carga sobre el patrimonio, inmobiliario, y otros, pulverizan definitivamente la renta final.
Ante una inflación galopante, el único argumento hoy en boga es el latiguillo del desacople de los precios internos, cuestión no probada en la práctica.
“A medida que aumenta la carga fiscal la recaudación total disminuye, y eso está probado por la curva de Laffer. Además, reduce el área sembrada, ahuyenta inversiones a otras latitudes y empobrece a los pueblos", dijo.
Por este motivo, propuso que estos impuestos a la producción se reduzcan por ley, en forma paulatina hasta llegar a porcentuales ínfimos o de ser posible con tasa 0 %.
Sáenz Valiente opinó que el reemplazo parcial debería hacerse por retenciones del Impuesto a las Ganancias, con porcentuales atenuados e idénticos para todos los granos. El productor debe poder elegir y no con dirigismo fiscal como hoy sucede”, enfatizó.
“El perjuicio actual del pago en exceso de las obligaciones fiscales, afectan de manera violenta a empresas y personas”, concluyó.
FUENTE: Iprofesional.com / tristanyasociados.com
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