La irrupción en la propiedad privada sin claridad en sus derechos y de manera prepotente pone en crisis la seguridad jurídica, precipitando una crisis institucional, mostrando un Estado y una Justicia complaciente, que no conduce a la solución.
El Poder Ejecutivo, en lugar de buscar apaciguar un conflicto que escala, adoptó una posición ambigua y por momentos parcial, enviando funcionarios públicos a solidarizarse con los ocupantes.
De este modo, incumplió con su deber de resguardar la integridad de todos los involucrados y de preservar la paz social.
Es hora de recuperar la cordura. Los poderes del Estado deben asumir el rol que les corresponde y propiciar el regreso a la situación inicial, liberando la propiedad de sus ocupantes, hasta tanto se resuelva la situación de fondo y la disputa sucesoria familiar que debe permanecer en el ámbito privado y de la Justicia, de donde nunca debió salir.
Entre todos debemos asumir nuestra parte para lograr que prevalezca la institucionalidad por sobre hechos difusos y signados por la anomia.
La Argentina tiene ya demasiados problemas acuciantes, con una crisis económica y sanitaria aún creciente, y no necesita inventar nuevos debates muy peligrosos en torno a la propiedad privada o la vigencia de la Constitución y de la ley.
La inmensa mayoría de los argentinos no queremos abrir un debate que fue zanjado cuando se fundó la Nación bajo nuestro orden constitucional, sencillamente porque los principios de la Patria y de la República no están en duda.
Lejos de ello, los argentinos deseamos y merecemos vivir en orden y en paz y recuperar, cuanto antes, el rumbo y la sensación de un Norte de futuro y de progreso.
Fuente: Prensa CRA
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